Laredo, TX - El 28 de diciembre, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) concedió la autoridad primaria de concesión de permisos ("primacía") al estado de Luisiana para los pozos de almacenamiento de dióxido de carbono de clase VI. Este es un golpe decepcionante para las comunidades de justicia ambiental a lo largo de la Costa del Golfo que se han estado organizando en contra de esta decisión durante los últimos años.
Luisiana, al igual que Texas, tiene cientos de miles de pozos de petróleo y gas sin tapar que emiten gases tóxicos a la atmósfera y fugas de material radiactivo a las tierras y aguas cercanas. Los estados también tienen similitudes en sus reticentes organismos reguladores: el Departamento de Recursos Naturales de Luisiana (LDNR) y la Comisión de Ferrocarriles de Texas (RRC), la agencia estatal de petróleo y gas, tienen un largo historial de anteponer los beneficios de la industria a los intereses de la población.
La decisión de la EPA de conceder la primacía a Luisiana es preocupante porque la RRC de Texas también ha solicitado la primacía de clase VI y, al igual que Luisiana, tiene un historial deficiente en la supervisión de pozos de inyección. Los actuales programas de control de las inyecciones subterráneas han sido tan mal gestionados por estas agencias estatales que los residentes están sufriendo terremotos más grandes y frecuentes, reventones incontrolados de pozos que arrojan fluidos y gases tóxicos, crecientes socavones que se han tragado comunidades enteras y fuentes subterráneas de agua potable contaminadas en una época de calor extremo y creciente escasez de agua.
Al otorgar más autoridad para conceder permisos a estas agencias reguladoras insensibles y cautivas, la EPA está poniendo en peligro el futuro de los ecosistemas sanos, la fertilidad de la tierra, el acceso al agua potable y la salud pública de sus ciudadanos.
Una y otra vez, en todo el mundo, los proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) han fracasado a la hora de cumplir los objetivos de reducción de emisiones. La tecnología sencillamente no funciona, no ha mejorado en los últimos 50 años de su aplicación y es una peligrosa distracción que desvía la inversión de las verdaderas soluciones climáticas.
